Las federaciones firmantes podrá resolver motivadamente el presente convenio en el momento en el que se produzcan incumplimientos al mismo o que el desarrollo de la competiciones así lo demanden (punto OCTAVO). Y más: el presente convenio entrará en vigor el 2 de julio de 2015, manteniendo su duración por temporadas deportivas y produciéndose su renovación automática si no se produce denuncia del mismo por alguna de las partes implicadas antes del 30 de mayo de cada temporada (punto NOVENO). El texto está tomado directamente del acuerdo suscrito por las federaciones implicadas.
Así pues, resulta intrascendente a efectos jurídicos que el presidente de la FBCyL no haya firmado la renovación del Convenio (ese es su leitmotiv). Lo verdaderamente trascendente es que la FBCyL lo haya denunciado antes del 30 de mayo, y de momento no ha aportado ninguna prueba documental al respecto. Si lo hiciera, e independientemente de que sus motivos fueran razonables o no y del perjuicio que provocaría una decisión de ese tipo a la competición, le asistiría la legalidad, lo que sumado a la confianza renovada en la recientes elecciones supondrían una autoridad incuestionable.
Ahora bien, si la FBCyL (entidad privada de interés público que recibe subvenciones de las instituciones) se ha saltado los cauces para la rescisión del Convenio, y como consecuencia de ello, en un intento por formar una escisión ilegal, ha lastimado la imagen y los intereses de la competición y de los clubes, se debería exigir la inmediata asunción de responsabilidades. En este momento en el que la Primera División femenina levantaba la cabeza y había encontrado el sistema de competición y el número de participantes idóneos, un torpedo de este tipo a la línea de la flotación de la categoría es mucho más que censurable.
MARIO TAMAYO CASTAÑEDA | www.algosemueve.org
